Comunicado 28.5.2021

Acciones legales que se ha realizado por la Asociación de Vecinos de Cocles

Comunicado Abogado Carlos Segnini

Aproximadamente desde el mes de junio del año 2020 se iniciaron contactos formales a través del Asesor Jurídico contratado, Carlos Segnini, con Casa Presidencial a fin de poder abordar el tema del conflicto de tierras provocado por los diversos e históricos errores de los diferentes Gobiernos de Costa Rica, desde 1977, hasta le fecha, lo cual se puso de manifiesto con el desafortunado fallo judicial de la Sala Primera número 004507-F51-2019 del día 12 de diciembre del 2019.

Para ello se realizaron primero dos reuniones en Casa Presidencial por parte de nuestro asesor a fin de poder conformar el mecanismo de reunión con los vecinos de la Asociación indígena Kekoldi. Como consecuencia de ello se inició una ronda de reuniones o mesas de dialogo coordinadas por el viceministro de la Presidencia Randall Otárola y varios representantes del Gobierno -Ministerio de Justicia- encargados de resolución de conflictos en temas indígenas. En total se realizaron aproximadamente 6 reuniones, dándose la primera en las instalaciones de la Cruz Roja de Bribri y el resto en sede alterna de la Asociación KEKOLDI y la Asociación de Vecinos de Cocles.

Luego de dichas sesiones de diálogo se llego a las siguientes conclusiones en el marco de la sentencia judicial supra citada y la realidad a la que se enfrenta el Gobierno, los Vecinos y la Asociación Indígena; veamos

1. El fallo judicial sentencia “Ordenar a INDER y CONAI realizar los estudios y trámites para identificar a las personas no indígenas que sean propietarias y poseedoras de buena fe dentro del territorio
2. Ordenar a INDER Y CONAI realizar las gestiones pertinentes para reubicar a esas personas y sino lo aceptaran se inicien los procesos de expropiación e indemnización
3. Ordenar al Poder Ejecutivo dotar de los recursos financieros necesarios para poder realizar las expropiaciones e indemnizaciones”.

En el escenario dentro del que nos encontramos esto cobra especial relevancia, pues tenemos como certeza que el Gobierno debe, antes que nada, identificar que personas no indígenas están en el territorio del conflicto, tratar de reubicarlos y sino indemnizarlos. Ello nos debe dar alguna tranquilidad en el tanto sabemos que aún no se ha hecho ese levantamiento por parte de estas instituciones y no se ve que lo vayan a hacer en el corto plazo, además no tienen los recursos para poder indemnizar, ni tampoco se visualiza que lo puedan tener en el corto ni mediano plazo. Esto reconocido públicamente por las autoridades del Gobierno.

Quizás el punto negativo, es que ya las propiedades salen con una anotación en el Registro Público de la Propiedad indicando el fallo judicial recaído. Ello en sí no limita en nada de momento el derecho de propiedad, pero si puede sembrar dudas razonables en operaciones de compra y venta y posibles inversiones en esos terrenos. Sin embargo, tanto el fallo judicial como la interpretación nuestra y del Registro Nacional (así como de la Municipalidad) es que no existe orden de inamovilidad de los terrenos, esto quiere decir que no existe restricción para vender, traspasar, hipotecar o disponer libremente del derecho de propiedad que ustedes tienen.

PROPIETARIOS Y POSEEDORES DE BUENA FE, NO ES UN CASO IGUAL O SIMILAR A OTROS CONFLICTOS INDIGENAS COSTA RICA

Ha quedado claro ante lo siguiente:

1. Durante las reuniones sostenidas en la Comisión de Diálogo (o mesas de dialogo Gobierno, Indígenas, Vecinos) ha quedado claro para todas las partes que, nosotros los vecinos de Cocles conformados en la AVPJC no somos ocupantes, ni invasores, ni usurpadores de ningún territorio indígena. Sino legítimos propietarios -con título de propiedad- que hemos adquirido estos terrenos respetando y siguiendo el Ordenamiento Jurídico Costarricense.
2. Que nuestro actuar ha sido siempre de buena fe, respetuoso y siguiendo las normas de una correcta y pacífica convivencia dentro del mosaico de culturas que habitan la zona que nos tiene en esta mesa de diálogo.
3. Que de haber existido algún actuar improcedente o viciado, lo fue por parte de las autoridades gubernamentales de diferentes y sucesivos gobiernos. Con lo cual es el Gobierno de la República de Costa Rica el llamado a solventar la situación por él provocada.
4. Ha quedado claro que los miembros de esta Asociación -y la gran mayoría de vecinos que lo han manifestado desean permanecer en el pleno goce y disfrute de su derecho de propiedad conformo al artículo 45 de la Constitución Política, sin ninguna disminución o restricción sobre este derecho.

En ese proceso de dialogo el Gobierno solicitó a las partes presentarle una propuesta de solución según el entender de cada uno y sus intereses, fue así como desde la Asociación de Vecinos se planteó la siguiente propuesta:

Debería elaborarse un Proyecto de Ley que modifique los límites de la Reserva Indígena Kekoldi, según lo entendió la Sentencia tramitada bajo expediente 10-000273-1028-CA. Res 004507-F-S1-2019. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 12 de diciembre de 2019. 

Para ello debe emplearse el MECANISMO GENERAL DE CONSULTA A PUEBLOS INDÍGENAS DECRETO 40.932 – 6 de mayo del 2018.

Al elaborarse el Plan de Consulta Indígena que indica dicho Mecanismo de Consulta, debe buscarse una solución justa y compensatoria en donde   Gobierno plantee al pueblo indígena esa compensación razonable, y a su vez garantice los plenos derechos de propiedad -libre goce, disfrute y disposición- hasta hoy existentes a favor de los vecinos de la Asociación de Vecinos.

Hemos de ser claros que los amigos de la Asociación Indígena Kekoldi no presentaron ninguna propuesta y decidieron no seguir en la mesa de diálogo, “hasta tanto no tuviesen un Asesor como el que tiene los vecinos”.

Actualmente se siguen dos vías posibles de solución:

1. Seguir como la elaboración de un borrador de Proyecto de Ley elaborado por nosotros, para pasárselo a los diputados de la Provincia de Limón, par que sean ellos quienes fuercen al Poder Ejecutivo (Gobierno) hacer la Consulta Indígena y llevar adelante nuestra propuesta)
2. Desde la organización de Afrodescendientes del Caribe Sur, se estará presentando una Acción de Inconstitucionalidad por no ser consultados a la hora de dictar el Decreto que creo la Reserva Indígena KEKOLDI pues afectó territorios como el que se discute en donde ellos estaban presentes y habitaban como grupo tribal y no así los indígenas que no habitaban la costa.